NH Abogados

Nuestras Audiencias Provinciales seguían diferentes criterios a la hora de determinar si el ingreso en prisión suspendía la obligación de abonar la pensión alimenticia. Mientras el criterio mayoritario, seguido por Madrid o A Coruña, optaba por la suspensión del pago, otras Audiencias como Alicante o Córdoba entendían que tal obligación no podía suspenderse dado que la “estancia en prisión no supone un impedimento absoluto para acceder a un trabajo remunerado conforme a la legislación penitenciaria”.

Esta diferente jurisprudencia ha hecho posible que se someta a casación , por la vía del interés casacional, la cuestión planteada, siendo que el Tribunal Supremo ha zanjado la misma en su Sentencia de 14 de octubre de 2014 en la que ha fijado la siguiente doctrina jurisprudencial: “La obligación de pagar alimentos a los hijos menores no se extingue por el solo hecho de haber ingresado en prisión el progenitor que debe prestarlos si al tiempo no se acredita la falta de ingresos o de recursos para poder hacerlos efectivos”.

Es decir, el simple hecho de ingresar en prisión ya no es suficiente para suspender la obligación de pago de pensión alimenticia, a partir de ahora se habrá de demostrar que la fortuna del obligado al pago se ha reducido hasta el punto de no poder satisfacer la pensión sin desatender sus propias necesidades, límite establecido por el artículo 152 del Código Civil.
El Tribunal Supremo ha destacado que “Ningún alimento se puede suspender por el simple hecho de haber ingresado en prisión el progenitor alimentante, gravando a la madre de los menores con la obligación de soportarlos en exclusiva”

Navarro & Hernandez, 12th January 2015

La Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, dictada el pasado 24 de octubre,  declara que se ha de fijar un límite temporal al uso de la que ha sido vivienda familiar cuando se atribuye a ambos progenitores la guarda y custodia  compartida.

El artículo 96 del Código Civil establece como criterio prioritario, a falta de acuerdo entre los progenitores, que el uso de la vivienda corresponde al hijo y al cónyuge en cuya compañía quede, lo que no sucede en los casos de custodia compartida en los que el menor se encuentra en compañía de ambos cónyuges.

En estos casos de custodia compartida, ha establecido el Tribunal Supremo, que resulta de aplicación analógica el apartado segundo del artículo 96 del Código Civil, lo que obliga al Juez  a ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso teniendo en cuenta especialmente dos factores: primero: el interés más necesitado de protección, que no es otro que el que permite compaginar los períodos de estancia de los hijos con sus dos padres;  y  segundo: si la vivienda que constituye el domicilio familiar es privativa de uno sólo de los cónyuges, de ambos, o pertenece a un tercero.

El Tribunal Supremo ha declarado a este respecto que “En ambos casos con la posibilidad de imponer una limitación temporal en la atribución del uso, similar al que se establece en el párrafo tercero para los matrimonios sin hijos”.

En el supuesto enjuiciado por la Sentencia de 24 de octubre de 2014, el Tribunal Supremo ha declarado que el plazo de dos años es “un tiempo suficiente que va a permitir a la esposa rehacer su situación económica puesto que si bien carece en estos momentos de ingresos, cuenta con apoyos familiares y puede revertir, por su edad (nacida el NUM002 de 1977), y cualificación (química) la situación económica mediante el acceso a un trabajo, que incremente los ingresos que recibe tras la ruptura personal definitiva definitiva de su esposo, y le permita, como consecuencia, acceder a una vivienda digna para atender a las necesidades del hijo durante los períodos de efectiva guarda…”.

Navarro & Hernandez Abogados, Enero 2015