La Federación de los Colegios de Abogados de Europa (FBE) comparte el clamor de la abogacía española contra la Ley de Tasas Judiciales 10/2012 haciendo llegar su preocupación a S.M. Juan Carlos I, al Presidente del Gobierno D. Mariano Rajoy, al Ministro de Justicia D. Alberto Ruiz Gallardón, y al Presidente del Tribunal Constitucional D. Pascual Sala, a quienes se han dirigido por carta mostrando su gran preocupación por la Ley de Tasas tachándola de obstáculo insalvable para el acceso a la Justicia de la mayoría de la población española.
La Federación de los Colegios de Abogados de Europa fue fundada en 1992 y actualmente representa a más de 800.000 abogados europeos. Los Colegios de Abogados de Alicante y Valencia, entre otros Colegios españoles, son miembros de esta Federación que se encuentra presidida por D. Lutz Simon.
En las cartas remitidas a la Autoridades Españolas, D. Lutz Simón muestra su gran preocupación ya no sólo por la Ley de Tasas sino por las reformas y proyectos que se están llevando a cabo en la Justicia española, solicitando la derogación de la Ley de Tasas o la reducción de las cuantías fijadas hasta límites razonables que no impidan u obstaculicen el acceso a a la Justicia.
D. Lutz Simon denuncia que los motivos alegados por el Ministro de Justicia español para justificar la promulgación de la Ley de Tasas son insuficientes e inconsitentes alegando que ni la intención disuasoria de una litigiosidad injustificada, ni la financiar el servicio de la Asistencia Jurídica Gratuita son suficientes para ello. Asimismo la FBE reivindica que la Justicia es un servicio de naturaleza exclusivamente pública y constituye un bien general, por lo que debe ser financiada fundamentalmente con impuestos indirectos, añadiendo que es una injusticia flagrante que los ciudadanos, cuyos derechos civiles, sociales o económicos han sido violados, tengan además la carga de pagar la Justicia Gratuita de otros ciudadanos mediante una tasa judicial adicional de cuantía elevada.
Pese a mostrar su satisfacción por la modificación de algunos preceptos de la Ley de Tasas, siguiendo los consejos de la Defensora del Pueblo, la FBE tacha de insuficientes los cambios introducidos por el Ministro de Justicia español, a quien critica que no haya negociado la norma con el Consejo General de la Abogacía Española y con los Colegios de Abogados españoles, y a quien le reprocha que con la impropiamente llamada “privatización” del Registro Civil español sólo pretende cobrar tasas administrativas para recibir documentación ya obrante en registros públicos.
Navarro & Hernández Abogados
Mayo 2013
Fuente: Abogacia.es