El pasado 20 de mayo de 2025 entró en vigor en España el nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado mediante el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, una reforma de gran alcance que modifica profundamente el régimen jurídico de residencia, trabajo y regularización de personas extranjeras en territorio español.
La norma sustituye al anterior Reglamento de 2011 y persigue, según el Gobierno, simplificar procedimientos, reducir cargas burocráticas, reforzar la seguridad jurídica y adaptar el sistema migratorio a las necesidades sociales y laborales actuales.
Reforma del arraigo: eje central del nuevo modelo
Uno de los cambios más relevantes afecta a las distintas modalidades de arraigo, figura clave para la regularización administrativa de personas extranjeras en situación irregular.
La reforma reduce, con carácter general, el período de permanencia exigido en España de tres a dos años para acceder a determinadas modalidades y reorganiza el sistema en cinco grandes categorías:
- arraigo social,
- arraigo sociolaboral,
- arraigo socioformativo,
- arraigo familiar,
- y arraigo de segunda oportunidad.
Esta última modalidad constituye una de las principales novedades del texto reglamentario, al permitir la regularización de extranjeros que hubieran sido titulares de una autorización de residencia en el pasado y la hubieran perdido por circunstancias sobrevenidas.
Asimismo, el nuevo régimen flexibiliza los requisitos relativos a contratos de trabajo, compatibilidad entre formación y empleo y acreditación de integración social.
Nuevo régimen para familiares de ciudadanos españoles
La reforma introduce también una regulación específica para familiares de ciudadanos españoles, diferenciada del régimen general de extranjería.
Entre las novedades más destacadas figura la ampliación de la edad de los hijos reagrupables hasta los 26 años, así como el reconocimiento de determinados supuestos de familia extensa y familiares dependientes.
El reglamento facilita además la tramitación de autorizaciones desde territorio español y refuerza la protección de parejas y familiares en situación de vulnerabilidad.
Cambios en permisos de residencia y trabajo
El nuevo texto persigue una mayor simplificación administrativa en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.
En este sentido, se flexibilizan:
- los cambios entre distintas autorizaciones,
- los procedimientos de renovación,
- la contratación en origen,
- y la movilidad laboral de trabajadores extranjeros.
La reforma se enmarca igualmente en la estrategia gubernamental para responder a las necesidades de determinados sectores económicos con déficit estructural de mano de obra.
Medidas específicas para estudiantes extranjeros
Los estudiantes internacionales constituyen otro de los colectivos beneficiados por la reforma.
Entre otras medidas:
- se amplía la posibilidad de trabajar hasta 30 horas semanales,
- se flexibiliza la compatibilidad entre estudios y actividad laboral,
- se admite parcialmente la formación online,
- y se simplifican determinados requisitos económicos y administrativos.
Asimismo, algunos familiares podrán solicitar autorizaciones desde España sin necesidad de regresar al país de origen.
Simplificación y digitalización administrativa
El nuevo Reglamento de Extranjería incorpora también medidas orientadas a modernizar la gestión administrativa mediante una mayor digitalización de procedimientos y reducción de trámites.
El Ejecutivo ha anunciado refuerzos de personal en oficinas de extranjería y mejoras en la tramitación telemática con el objetivo de reducir tiempos de resolución y evitar colapsos administrativos.
Cuestiones controvertidas
Pese al alcance de la reforma, diversos colectivos sociales y operadores jurídicos han manifestado dudas sobre determinados aspectos de la nueva regulación.
Uno de los puntos más debatidos afecta al tratamiento de solicitantes de protección internacional, ya que ciertos períodos de permanencia en España bajo dicha condición no computarán automáticamente a efectos de determinadas modalidades de arraigo.
También persisten interrogantes sobre la capacidad real de las oficinas de extranjería para asumir el incremento de expedientes y garantizar una aplicación homogénea de la norma en todo el territorio nacional.
Con esta reforma, el Gobierno acomete una de las modificaciones más relevantes del sistema de extranjería de la última década, cuyo impacto práctico dependerá, en buena medida, de su desarrollo administrativo y aplicación jurisprudencial en los próximos años.